3/18/2025
Activos virtuales en Empresas Publicas: Un Nuevo Horizonte para la Contratación en Moneda Extranjera
Comercio Exterior
El uso de activos virtuales en transacciones comerciales es una tendencia global que ya se encuentra en todo efecto en el mercado boliviano, para tal efecto, en consideración de la situación económica que se encuentra atravesando el país, la normativa que acompañe este hecho ha empezado a surgir.
Es en esa línea que por medio de la reciente Resolución Ministerial N° 055/2025, el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas ha establecido los aspectos operativos para que empresas y entidades públicas puedan obtener y transferir activos virtuales con el propósito de cumplir obligaciones contractuales que estas mantienen o hubieran acordado, en moneda extranjera, frente a proveedores.
Esta disposición representa una oportunidad estratégica para el sector privado, especialmente para proveedores, contratistas y empresas con operaciones internacionales, que ahora pueden recibir pagos en activos virtuales de manera regulada y con respaldo normativo.
Tabla de Precios de Activos Virtuales díario, publicado por el Banco Central de
Bolivia – BCB
¿Qué implica la nueva normativa para el sector privado?
El Reglamento Operativo para la Obtención y Transferencia de Activos Virtuales introduce cambios clave en la gestión de contratos con entidades públicas:
- Seguridad y Transparencia: Los activos virtuales utilizados deberán ser stablecoins (activos digitales estables), lo que garantiza un valor constante vinculado a una divisa de referencia.
- Sistema de Registro: Toda transacción será registrada en el Sistema de Gestión Pública (SIGEP), asegurando control y trazabilidad en cada operación.
- Aceleración de Pagos: La transferencia de activos virtuales se realizará de manera inmediata, permitiendo a las empresas privadas optimizar su flujo de caja sin depender de largos procesos administrativos.
- Flexibilidad Contractual: Las empresas que ya tienen contratos en vigor con el Estado podrán modificar los términos de pago para incluir activos virtuales como mecanismo alternativo.
Complemento con el Decreto Supremo N° 5348: ¿Un impulso adicional para sectores estratégicos?
La crisis del abastecimiento de combustibles en Bolivia ha golpeado duramente a ciudadanos y empresarios, quienes enfrentan largas filas y retrasos que afectan la producción, el transporte y el desarrollo económico. En un intento por mitigar esta situación, el Gobierno ha aprobado el Decreto Supremo N° 5348, complementado con la Resolución Ministerial N° 055/2025, que permite el uso de activos virtuales en la importación de insumos clave para la producción de combustibles.
Si bien la normativa busca agilizar la adquisición de petróleo crudo, diésel e insumos necesarios para la refinación, persisten dudas sobre su efectividad en el corto plazo. La falta de divisas y los desafíos en la logística de importación han generado incertidumbre en el mercado, dejando a la población y a las empresas en una posición vulnerable.
La implementación de criptomonedas en transacciones de comercio exterior podría representar una alternativa innovadora para sortear restricciones financieras internacionales, pero su impacto real dependerá de la capacidad del Gobierno para
garantizar un abastecimiento eficiente y sostenido. Mientras tanto, la preocupación de los ciudadanos y las empresas sigue creciendo, exigiendo soluciones concretas que realmente alivien la crisis del combustible en Bolivia.
¿Por qué es relevante para las empresas privadas y cuáles son sus ventajas?
El Decreto supremo 055/2025 es de relevancia debido a los siguientes aspectos:
🔹 Mayor acceso a licitaciones estatales: Empresas que suministran insumos y servicios al sector energético podrán recibir pagos mediante activos virtuales, ampliando sus oportunidades comerciales.
🔹 Facilitación de pagos internacionales: Dado que la normativa permite el uso de activos virtuales para transacciones en moneda extranjera, las empresas privadas con operaciones fuera de Bolivia pueden beneficiarse de procesos más ágiles y con menor costo financiero.
🔹 Participación en la cadena de abastecimiento de hidrocarburos: Empresas dedicadas al comercio de combustibles, aditivos y otros productos energéticos tendrán nuevas oportunidades para integrarse a la red de proveedores de YPFB.
La adopción de esta normativa brinda diversas ventajas para los actores del sector privado que colaboran con entidades públicas:
✅ Mayor acceso a mercados estatales: Empresas internacionales y locales con operaciones en moneda extranjera tendrán mayor facilidad para concretar contratos con el Estado.
✅ Diversificación de pagos: Se abre la posibilidad de recibir pagos en activos digitales con respaldo normativo, lo que reduce la exposición a restricciones de divisas.
✅ Reducción de costos financieros: Al disminuir la dependencia de intermediarios financieros tradicionales, las empresas pueden reducir costos asociados a conversiones de moneda y comisiones bancarias; sin embargo, se aplican los valores no oficiales de divisas extranjeras para acceder a los activos virtuales.
Aspectos clave para proveedores y contratistas
La adopción de esta normativa brinda diversas ventajas para los actores del sector privado que colaboran con entidades públicas:
🔹 Registro en plataformas autorizadas: Los proveedores deberán operar a través de plataformas de intercambio de activos virtuales reconocidas y cumplir con los requisitos del SIGEP.
🔹 Verificación de contratos: Se debe garantizar que las cláusulas contractuales contemplen el uso de activos virtuales como medio de pago.
🔹 Evaluación de costos y beneficios: La adopción de activos virtuales debe analizarse considerando estabilidad financiera, costos operativos y beneficios estratégicos.
Conclusión
La implementación de activos virtuales en la gestión de contratos estatales representa un cambio relevante en el sistema financiero y de contratación pública en Bolivia. Sin embargo, en un contexto de escasez de divisas y crisis en el abastecimiento de combustibles, persisten interrogantes sobre la efectividad de esta medida para aliviar las dificultades económicas que enfrentan empresas y ciudadanos.
Para el sector privado, esta normativa podría ofrecer nuevas alternativas en los medios de pago y facilitar transacciones internacionales. No obstante, su éxito dependerá de la claridad en la regulación, la estabilidad en su aplicación y la confianza del mercado en estos mecanismos.
Ante este panorama, contar con asesoría legal y financiera especializada será esencial para que las empresas puedan evaluar los riesgos y beneficios de este modelo, garantizando el cumplimiento de los requisitos normativos y evitando posibles complicaciones en su implementación.
